Las sociedades modernas basan su organización y convivencia en dos pilares: la democracia y el estado de derecho. Ello supone que en los países políticamente más avanzados los enfrentamientos y las discrepancias se resuelven en el parlamento y bajo la Ley.
La legalidad democrática se convierte así en el principal instrumento para garantizar la paz social, alejando de la confrontación y la crispación la defensa de los diferentes intereses y facilitando el desarrollo de sociedades más prósperas y cohesionadas.

El Estado de Derecho es aquel en que ningún ciudadano está por encima de la ley. Porque en un estado democrático de derecho, tan importante como la participación en las decisiones, es la regulación y el respeto a los procesos de decisión así como la defensa de la legalidad democrática.

Como ya ha recordado el TC en su sentencia de 25 de marzo de 2014, la única iniciativa que constitucionalmente se puede plantear el Parlamento de Cataluña es la de proponer a las Cortes Generales una reforma de los artículos 1.2 y 2 de la Constitución que reconozca el derecho de autodeterminación de las comunidades autónomas. Dado que los legisladores autonómicos tienen competencia para promover una iniciativa de reforma constitucional, el Parlamento de Cataluña podría solicitar al Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.32ª CE, la autorización para consultar previamente al pueblo catalán en vía de referéndum sobre la adopción de una iniciativa de reforma constitucional de este tenor. Pero, eso sí, amén de que no se trataría de un referéndum de autodeterminación (sino de un referéndum sobre una previa iniciativa de reforma constitucional que haga posible tales referendos), la decisión final sobre dicha reforma correspondería en todo caso a las Cortes Generales y, en última instancia, al pueblo español (artículo 168 CE).

La gran Mentira

Si los dirigentes del Gobierno catalán aceptan la democracia, si no tienen ninguna pretensión golpista, tendrían que haber incluido en sus programas electorales que para conseguir sus objetivos era necesario previamente reformar la Constitución; la misma Constitución que fue aprobada en Cataluña por más del 90% de los electores. Tan abrumador fue el respaldo de los catalanes a la Constitución que nunca, jamás, ninguna norma inferior, como el propio Estatuto de Cataluña, ha obtenido un resultado como aquel, el 90,38% en Barcelona, el 89,78% en Gerona, el 91,34% en Lérida y el 90,99% en Tarragona.

Los nacionalistas catalanes han ocultado a sus votantes durante todos estos años que la declaración de independencia solo podía realizarse legal y pacíficamente mediante una reforma de la Constitución. Lo hacen mediante una falsa oferta: o se acepta el referéndum o habrá declaración unilateral de independencia. Las dos opciones son ilegales, evidentemente, pero eso es lo que menos les importa en este momento, porque la convicción de los independentistas es que en esta fase final del ‘procés’ el vuelco definitivo solo se producirá con la creación de ‘mártires’.

Ante la ofensiva final del independentismo en Cataluña, lo único claro en un Estado de derecho es que no puede temblarle el pulso en el cumplimiento de la ley. Si el desafío que se lanza es “referéndum o cárcel”, un demócrata solo encuentra una respuesta. Y nunca es dejar de cumplir la ley. artículo 155 de la Constitución

La entrada Cataluña no puede convocar un referendum sobre su independencia se publicó primero en Asociación Contigo Plataforma.