Exclusión social

“Proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven” (European Foundation, 1995:4). Tal proceso, opuesto al de “integración social”, da lugar a una privación múltiple, que se manifiesta en los planos económico, social y político.

El concepto de “exclusión social” surgió en los años 70 en Francia (donde desde hacía tiempo ya se venía utilizando el de “exclusión”), entendida como una ruptura de los lazos sociales, algo que afectaba a la tradición francesa de integración nacional y solidaridad social. El concepto se popularizó en Francia durante los 80, tanto en el plano académico como político y social, para referirse a los sectores desfavorecidos y afectados por nuevos problemas sociales (desempleo, guetos, cambios en la estructura familiar), a los cuales las viejas políticas del Estado del bienestar no daban respuesta adecuada. Así surgieron nuevas políticas y programas sociales orientados a la “inserción” de individuos, familias y grupos, entre los que destacaron los de: el Ingreso Mínimo de Inserción, orientado a proporcionar formación y trabajo a parados de larga duración (con más de 700.000 beneficiarios a mediados de los 90); educación en áreas marginales; prevención de la delincuencia mediante centros para jóvenes; y desarrollo social de los barrios (viviendas, trabajo comunitario, servicios).

El concepto se difundió luego con rapidez por otros países del Norte, en particular a través de diversos programas y organismos de la unión europea. Su creciente relevancia académica y política en Europa y en EE.UU. se ha debido sobre todo al incremento de la pobreza en ellos desde los años 80, así como en los antiguos países socialistas durante los 90.

Principales causas

El principal mecanismo de exclusión es salir del mercado laboral, ser privado de un puesto de trabajo que asegure un nivel digno de ingresos, lo que trae aparejado la disminución del consumo incluso de bienes y servicios que son fundamentales para la vida diaria. El candidato a la marginación es a menudo un desahuciado no sólo de una vivienda digna sino también del uso de los sistemas de protección social como son los propios Servicios Sociales o el acceso al sistema sanitario o educativo en condiciones de igualdad. Aparecen conflictos familiares motivados por la desesperación y la falta de perspectivas, el aislamiento social y múltiples problemas sociales de acuerdo con la edad, la clase social y la riqueza o pobreza de la red de apoyo social que pueda tener cada cual.

Simultáneamente, como consecuencia de las políticas de austeridad todos los sistemas de protección social están siendo recortados, agredidos, disminuidos, descapitalizados, cuando no simplemente entregados a los mecanismos del mercado mediante la privatización obetco que da como resultado final a una ciudadanía cada vez se ve más vulnerable y más desprotegida por las distintas administraciones públicas.

Cuando se debate políticamente sobre el reparto de competencias tenemos que reivindicar el municipalismo y recordar que es el ayuntamiento la institución más cercana al ciudadano y por tanto hay que garantizar el incremento del protagonismo de los municipios en este ámbito. En estos años de crisis, crisis, es fundamental la existencia de un potente sistema de Servicios Sociales que siga siendo accesible para todas las personas que son, todas ellas, ciudadanas con derechos sociales. Las políticas de proximidad las tiene que desarrollar la administración más próxima que es sin duda, el ayuntamiento.

No es el momento de más recortes y más austeridad. Son muchas familias las que ya están sufriendo dicha austeridad en su vida cotidiana y de manera muy grave. Los poderes públicos no podemos eludir esta grave situación. Es el momento de que las responsabilidades y competencias estén claras, de que la financiación sea la adecuada y de posibilitar unos Servicios Sociales capaces de responder a las nuevas necesidades sociales haciendo real el ejercicio de los Derechos de los ciudadanos con los programas de actuación y las prestaciones que resulten más adecuadas en el momento presente.

Queremos una sociedad articulada, solidaria, capaz de crear sinergias entre lo público y lo privado lucrativo o no lucrativo.